ARTÍCULOS DE OPINIÓN

OAXACA: ALGUNOS CUESTIONAMIENTOS EN TORNO
A LA FICCIÓN MULTICULTURALISTA
Lourdes Morales Canales [1]

El reconocimiento de los usos y costumbres como régimen político-electoral en el Estado de Oaxaca, ha sido sin duda considerado como una de las mayores conquistas del “despertar indígena” mexicano.

Ciertamente el reconocimiento formal de los usos y costumbres en 1995 corresponde a una respuesta por parte del Estado a las demandas de reconocimiento de derechos específicos para los pueblos indígenas. Más allá de la posible influencia del contexto internacional y de la “oleada multiculturalista” mediante la cual varios países de la región latinoamericana realizaron reformas constitucionales con la finalidad de reconocer derechos políticos y culturales a los grupos indígenas, en el caso de Oaxaca, la “política del reconocimiento” [2] obedeció a varios factores.

En distintos análisis, se han señalado como circunstancias decisivas, al movimiento zapatista en el Estado de Chiapas [3] y a la pérdida de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tanto a nivel local como a nivel nacional. El levantamiento zapatista marcó la aparición de los indígenas como actores políticos sobre la escena nacional e internacional. El EZLN fue motivo de preocupación para el gobierno local y federal, al grado de ocupar un lugar primordial en la agenda política nacional, pero al mismo tiempo, la cercanía geográfica y las similitudes socioeconómicas y políticas con Oaxaca hicieron que apareciera el temor del “efecto bola de nieve”.

Esto en parte se explica por las similitudes entre el Estado de Oaxaca y de Chiapas: una población indígena numerosa (18,5% del total nacional seguido por Chiapas con 13%), con fuertes desigualdades sociales (71,93% de la población económicamente activa en Oaxaca y 75,89% en Chiapas no ganan más de 7 dólares al día), un alto grado de marginación (Oaxaca ocupa el tercer lugar en todo el país mientras que Chiapas ocupa el primer lugar) [4] y una diversidad cultural (Oaxaca cuenta con 16 etnias diferentes –15 reconocidas a nivel constitucional- y Chiapas cuenta con 6) hacen pensar que dicho temor no era infundado. Esta realidad se hace más marcada debido a las especificidades de Oaxaca, las cuales hicieron que el movimiento zapatista tuviera un eco particular en esta demarcación: una fragmentación territorial importante (570 municipios, es decir 23% del total nacional), la cultura política clientelista, la enorme cantidad de tierras comunales y una larga tradición de movilización política por parte de distintas organizaciones campesinas e indígenas.

La respuesta del Estado no sólo fue la canalización de recursos a través de los programas de combate a la pobreza y de desarrollo social para las zonas marginadas (en el caso de Oaxaca éstos aumentaron un 25% en 1994 [5] ); sino también la adopción de una política multicultural y descentralizadora cuya finalidad fue, por un lado, la de aumentar la efectividad gubernamental y por el otro, otorgar bienes tangibles pero también simbólicos para mitigar las fuentes de los conflictos socio-políticos.

E l reconocimiento jurídico de las prácticas electorales comunitarias no obedeció exclusivamente a las presiones de las comunidades y de las organizaciones indígenas (lógica de abajo hacia arriba) quienes hicieron de la autonomía y de la libre-determinación el centro principal de sus exigencias. En forma paralela, los cambios en la legislación local obedecieron también a una exigencia de gobernabilidad (lógica de arriba hacia abajo) por parte del gobierno Estatal. Este último enfrentaba una “sobrecarga del gobierno” [6] , misma que significó una amenaza hacia la gobernabilidad del Estado. ¿Se logró la estabilidad deseada?

El gobierno del Estado de Oaxaca logró descentralizar parcialmente la gestión de los conflictos municipales, pero al mismo tiempo, limitó la representación política de los indígenas al ámbito local creando una separación formal entre el sistema de partidos políticos y el de usos y costumbres. En el caso de las luchas por el poder municipal, el reconocimiento de los usos y costumbres ha jugado un papel primordial en el quehacer dela política local (418 de los 570 municipios eligen a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres). El fortalecimiento relativo de instituciones como el Instituto Estatal Electoral y la relevancia adquirida por las organizaciones sociales de corte indianista ha generado una nueva dinámica al interior de las comunidades indígenas.

Sin embargo, existen claras manifestaciones de que la actual legislación se encuentra rebasada. La toma de palacios municipales, las marchas, los plantones, los bloqueos carreteros y la violencia ejercida en municipios como Quetzaltepec, Amoltepec, San Agustín Loxicha y San Pedro Ixtlahuaca en donde hubo sangre y muertes por causas electorales, cuestionan la vigencia y la efectividad del marco legislativo en el cual se ejercen los usos y costumbres.

Y es que detrás de la reforma “vanguardista” oaxaqueña existe un rezago legislativo que impide la verdadera democratización de Oaxaca. La defensa de los usos y costumbres se ha convertido en una bandera política codiciada y con frecuencia capitalizada por quienes, escudados en la “causa indígena”, impiden promover mecanismos de participación ciudadana con instituciones creíbles, confiables y transparentes. Como ejemplo, está el caso del gobernador de Oaxaca, José Murat quien después de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, aprobada y validada en el 2001, lanzó una cruzada encabezada por sus más cercanos colaboradores para cabildear en los congresos locales y lograr, en primer lugar, el rechazo a la reforma y en segundo, la impugnación a través de amparos y acciones de inconstitucionalidad. No contento con esto, el gobernador solicitó la revisión de dicha reforma a la Organización Internacional del Trabajo por “la violación flagrante al Convenio 169 de la OIT firmado y ratificado por el Estado Mexicano ” ( Reforma , julio del 2001) erigiéndose así en supuesto legítimo defensor de los indígenas. ¿Los diputados oaxaqueños y el gobernador de Oaxaca realmente se preocupan por la suerte de las comunidades indígenas o bien, actuaron de manera oportunista en base a intereses partidistas?

Este ánimo multiculturalista contrasta con el ejercicio de la política a nivel estatal. Desde finales del año 2001, distintos actores de la sociedad civil oaxaqueña formaron el Foro Ciudadano de Oaxaca en el cual participan hombres, mujeres, miembros de comunidades indígenas, académicos y organizaciones sociales con la finalidad de incidir en las reformas a la legislación electoral en el Estado. Desde esta fecha se entregaron al Congreso local- integrado por una mayoría de diputados del PRI-6 proyectos de reforma provenientes de distintas fuerzas políticas (PAN, PRD, Colegio Oaxaqueño de Ciencias Políticas, MUGER, Frente Cívico Oaxaqueño, Cipriano Flores, Foro Ciudadano) mismas que fueron ignoradas y desdeñadas tanto por los legisladores como por la clase política gobernante que poco o nada hicieron para que dichos proyectos fueran debatidos en el Congreso.

Entre las demandas más frecuentes están: la desaparición de la figura arcaica del Colegio Electoral en el Congreso local (integrado mayoritariamente por diputados del PRI) como órgano calificador de todos los procesos electorales (es juez y parte), la verdadera ciudadanización del IEE (los consejeros que actualmente tienen voz y voto fueron electos a partir de propuestas directas de los partidos políticos), la unificación de las fechas de elección por el fuerte gasto que representan (elecciones municipales, de diputados locales y de gobernador), el fortalecimiento del Tribunal Estatal Electoral (funciona únicamente en tiempo de elecciones con magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado nombrados a propuesta del gobernador), la re-distritación del Estado bajo criterios étnicos para lograr una verdadera representación política para los indígenas y la creación de medios de impugnación para los municipios que renuevan autoridades por el sistema de usos y costumbres.

Este último aspecto afecta directamente la vida de las comunidades indígenas. A falta de instituciones sólidas e imparciales, los conflictos electorales en los municipios de usos y costumbres, se resuelven de manera discrecional y no escapan a la ingerencia de diputados, funcionarios y partidos políticos que demuestran un interés especial en los indígenas en tiempos de elecciones. Estas comunidades se ven obligadas a realizar movilizaciones políticas para hacer escuchar sus demandas o lo que es peor, resuelven sus diferencias a través del ejercicio de la violencia. ¿Dónde quedó entonces la defensa de los pueblos indígenas?

El próximo año se renovará al gobernador y a los presidentes municipales en Oaxaca. Sin reforma electoral, este Estado se aleja cada vez más de la democracia y el multiculturalismo ejemplar que tanto pregonan sus gobernantes. ¿Es entonces Oaxaca un modelo a seguir por las demás entidades con presencia indígena?.


[1] Miembro del Foro Ciudadano de Oaxaca

[2] Ch. Taylor, El multiculturalismo y la política del reconocimiento , (trad. Mónica Utrilla de Neira), FCE, México, 1993.

[3] Ver las tesis doctorales de David Recondo bajo la dirección de Daniel Bourmaud, Etat et coutumes électorales dans l' Oaxaca (Mexique): réflexions sur les enjeux politiques du multiculturalisme , Université Montesquieu-Bordeaux IV, Francia, Junio 2002, p.171-172 y Alejandro Anaya, bajo la dirección de Joe Foweraker,   Governability and legitimacy in Mexico : the legalisation of indigenous electoral institutions in Oaxaca , Gran Bretaña, University of Essex, Agosto del 2002, p. 105-135.

[4] Cifras de la Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO), Marginación Municipal Oaxaca 2000, Gobierno del Estado de Oaxaca, 2002.

[5] Op. Cit.. A.Anaya, p. 134-135.

[6] S, Huntington, M. Crozier, J. Wakanutti, “Informe sobre gobernabilidad” in La crisis de la democracia , Comisión trilateral, 1973, p. 48.