ARTÍCULOS DE OPINIÓN

DEMOCRACIA DIRECTA, PLURALISMO POLÍTICO DIVERSIDAD CULTURAL
Luis Adolfo Méndez Lugo

Tesis principales:

Las diversas formas de democracia directa practicada por los pueblos y comunidades indígenas representan lecciones y ejemplos para el desarrollo de la democracia directa en la sociedad moderna nacional, urbana y rural.

El reconocimiento de los derechos indígenas y el fortalecimiento de la democracia directa en la sociedad nacional son expresión del pluralismo político y la diversidad cultural de nuestro país.

La modernidad tiene mucho qué aprender de la tradición para salir de sus crisis de representación política y garantizar el desarrollo social equilibrado y sustentable.

Concepto de democracia directa.

Partimos bajo el concepto de que la democracia directa no se refiere específicamente a las grandes consultas nacionales, al plebiscito y al referéndum practicado sólo en el marco de la democracia representativa y de la política, o sólo así, cuando se considere y exista el consenso entre gobierno y sociedad de que es necesario tomar una decisión muy importante que justifique una amplia consulta pública, es decir, ocasionalmente.

Entendemos a la democracia directa como algo más cotidiano y que puede ejercerse en diversos espacios de la vida pública y social. Desde las formas directas de participación institucional de la población en las acciones de gobierno: consultas, foros, consejos consultivos, equipos de planeación, audiencias públicas; hasta los instrumentos usados en la democracia sindical o las formas actuales de organización vecinal, de condóminos o colonos en la lucha por mejorar sus condiciones de vida. Coincidimos con otros en llamarla también democracia participativa .

Ahora bien, los pueblos y las comunidades indígenas se han valido preferentemente de las diversas formas de la democracia directa comunal para resistir, han funcionado como mecanismos de resistencia, dicen ahora. De hecho, la presencia de estos mecanismos de resistencia no solo se limitan al ámbito político, se reconoce su existencia en casi todos los ámbitos, económico, social y cultural. La democracia indígena sustentada en la defensa y ejercicio de sus derechos normativos o usos y costumbres , por su vigencia social y por su éxito milenario, es, sin duda, mejor ejemplo de democracia directa que la que viven hoy las ciudades y buena parte de la sociedad nacional. La democracia directa vecinal en la sociedad nacional está en crisis, es letra muerta en las leyes positivas. Ser más democrático y promover la participación de la sociedad en el gobierno se queda, como siempre, en el catálogo de promesas importantes de cualquier campaña electoral:

Podemos decir entonces, en este juego de paradojas, que en tanto la democracia directa vecinal en la sociedad moderna nacional fue propuesta en el papel, se hizo ley positiva, quedándose muchas veces ahí, la democracia indígena es una realidad ancestral que apenas empieza ha escribirse en el papel, a ser ley.

Las comunidades indígenas han desarrollado históricamente el ejercicio de la democracia directa, ya decíamos, por razones económicas, pero también por razones históricas, sociales y culturales. No hay que descartar tampoco las condiciones demográficas que exige, sin duda, la democracia más antigua del mundo. La democracia directa, sin duda, tiene mucho más que ver con los gobiernos locales. El campo mexicano, los campesinos, los que pertenecen al sector rural mexicano, que son muchos, cubren con esas características demográficas, y son ellos los que ejercen y han ejercido históricamente el derecho comunitario.

La asamblea, órgano de gobierno.

El desarrollo de la asamblea comunitaria es el principal mecanismo regulador social y de gobierno tanto en comunidades indígenas como en comunidades campesinas y rurales en general. La asamblea general comunitaria es el órgano de gobierno y es la máxima autoridad, por encima incluso de los personajes u órganos tradicionales: el consejo de ancianos o los caracterizados. La asamblea comunitaria regula la vida social de las comunidades indígenas y así ha sido por muchos años. Su ejercicio en la comunidad es más que un precedente del adquirido y ejercido por las organizaciones políticas, laborales, campesinas, obreras del México posrevolucionario.

El ejercicio de la asamblea en la ciudad, en esta perspectiva, no es privativo, por supuesto, de los sindicatos universitarios, las organizaciones estudiantiles, el sector laboral o los gremios profesionales. La asamblea es una práctica que no es ajena a la sociedad nacional, tanto en el trabajo como en el capital, tanto en los negocios como entre los aficionados a algún deporte o disciplina o entre los grupos organizados por alguna demanda específica: ecologistas, feministas, etcétera. Es más, la democracia representativa se sustenta en la democracia directa. Las elecciones descansan en la participación ciudadana . Los partidos funcionan con democracia directa y el parlamento, el ágora, viene siendo la esencia de este tipo de democracia. Sin embargo, en la sociedad nacional no ha funcionado la democracia directa como mecanismo de gobierno local en el espacio inmediato, en el territorio, es decir, con los vecinos del barrio, la colonia, la unidad, la delegación. Han funcionado más las organizaciones sectoriales (interesados, asociados, agremiados o militantes por algún asunto o necesidad específica) que las territoriales (vecinos, colonos, condóminos).

En esta perspectiva, propongo que las causas y las razones de la crisis o dilemas de la aún incipiente democracia representativa, se busquen en la falta o incipiente existencia de democracia directa o participativa. Más allá del voto, la democracia representativa tiene que sustentarse en la democracia directa, no debe ser pues, simple promesa electoral. En efecto, con el voto apenas empieza la democracia. En ese sentido, a la democracia electoral le debe suceder la democracia de las instituciones, y ésta deberá estar sustentada en la democracia directa, en la participación de la ciudadanía. La democracia de las instituciones, la democracia más allá del voto, debe pasar por la democracia directa vecinal y la más amplia participación en el gobierno de las organizaciones y la ciudadanía en general.

La democracia directa vecinal es necesaria para evaluar a las instituciones. Muchos de los derechos ciudadanos consagrados en la constitución se resuelven territorialmente, en el espacio inmediato. La escuela, el mercado, la clínica, la calle, el alumbrado, el agua potable, el drenaje, son competencia de las instituciones, de los sectores de gobierno en educación, salud, desarrollo urbano, etcétera, pero sobre todo, son competencia de los vecinos, de sus beneficiarios. Es con la democracia directa donde vamos ha encontrar el mejor aliado para mejorar el espacio inmediato que compartimos como vecinos y como ciudadanos con derechos.

Cuando existen millones de personas con necesidades esenciales insatisfechas, dígase esto en amplio sentido, es cierto que las organizaciones surgen casi espontáneamente, pero también es cierto que así desaparecen, aún cuando los problemas sigan vigentes. El Estado se ha propuesto muy poco organizar o promover la organización entre los vecinos, al grado incluso de que es frecuentemente rebasado. Las elecciones vecinales y las formas de representación vecinal han fracasado. Más allá de problemas tan dramáticos como los fenómenos naturales, podemos afirmar que ante la insuficiencia estatal para organizar a los ciudadanos, ante el descrédito del ejercicio de la ley positiva, o simplemente para defender su territorio de la creciente inseguridad pública , los vecinos y sus organizaciones en general, han “tomado atribuciones” que sólo “pertenecían” a la autoridad. Es amplia la gama de expresiones sobre la emergencia y la insurrección ciudadanas ante la ineficacia gubernamental, muchas son positivas, pero las que resaltan son aquellas que violentan el estado de derecho. En efecto, muchos vecinos se han organizado localmente, y ahora, en no pocos lugares existen vigilantes que portan armas, se han hecho justicia por sí mismos o han ejercido la violencia para reclamar su derecho, lo cual no es ejercer la ley, sino infringirla.

Ante lo anterior, queda claro que el Estado debe involucrarse en construir con los ciudadanos la democracia vecinal en el marco normativo legal e institucional, sobre todo, entre los sectores más pobres y marginados. Debe proporcionar las herramientas y los instrumentos técnicos y legales para la organización ciudadana. El problema no es tanto organizar elecciones vecinales, sino de pensar qué formas de organización ciudadana, permanentes y eficaces, ofrece esa elección para sus electores y para sus elegidos. La organización vecinal no se sustenta exclusivamente en el derecho al voto o en nombrar representantes o jefes de manzana.

Pluralismo político: reconocimiento de los derechos indígenas y fortalecimiento de la democracia directa.

El pluralismo político no se reduce al espectro de organizaciones y partidos políticos que se proponen la dirección o la toma del poder político en nuestro país. Es importante y necesario reconocer en ese contexto también, la existencia de una sociedad multicultural y pluriétnica.

Es decir, el pluralismo político debe tener en cuenta, particularmente en la constitución e integración de los gobiernos locales, las diversas formas en que se establece el poder político, sus sistemas, formas y niveles de representación. En los sistemas políticos y de gobierno de los pueblos y las culturas indígenas se reproducen formas de organización y gobierno propios, de existencia milenaria pero carentes todavía y en su mayor parte, de reconocimiento legal tanto en el orden federal, como estatal y municipal.

A pesar de los muchos años de existencia propia y de autonomía relativa de los usos y costumbres, dicha autonomía les ha sido negada, ocultada en el derecho positivo. Más que leyes o derechos nuevos o exclusivos, se exige el reconocimiento de los derechos negados. Si se ha exigido u otorgado localmente el reconocimiento, se hace para que a los indígenas y sus culturas se les reconozcan obligaciones y derechos consuetudinarios y para que su existencia como pueblo sea legítima.

No obstante las formas o mecanismos de resistencia cotidiana que le han dado a los indígenas esa autonomía relativa durante cientos de años, esas formas de autogobierno local se encuentran en estado de indefensión, ya que no están protegidos legalmente y en ese sentido se puede actuar contra ellos y su cultura. Hasta la fecha, las culturas indígenas han existido por la vía de los hechos, ya es justo que existan por la vía del derecho (positivo). Lo importante de los cambios legislativos en ese sentido no es que sean para otorgar nuevos derechos, sino para aceptarlos, para legitimar viejos derechos que existen y se practican cotidianamente.

Los pueblos indígenas no existían en la ley, y hasta la fecha siguen viviendo en la ilegalidad, tanto sus autoridades políticas electas por formas de autogobierno local, como diversas prácticas y ciertos mecanismos tradicionales, por ejemplo, aquellos hombres y mujeres que practican la medicina tradicional, médicos, curanderos y parteros empíricos; o las diversas formas de organización, derechos y obligaciones comunitarios, tales como el tequio, la ayuda mutua, la mano-vuelta, las cooperaciones, guelaguetzas, etcétera. Estos mecanismos e instrumentos que han representado históricamente formas de resistencia cotidiana y que les han permitido ser y conservarse como pueblo, les ha permitido sobrevivir. Y en tanto no sea reconocido el derecho indígena como parte del derecho positivo, se seguirá castigando o seguirán en la indefensión y en la vulnerabilidad legal los practicantes de esos derechos, pueblos y comunidades enteras.

Sistemas normativos: fondo y forma.

Actualmente está en boga decir, desde el marco del derecho positivo, que muchas de las prácticas desarrolladas por los pueblos y las comunidades indígenas son autoritarias o discriminativas. Hay que decir que eso no solo es una generalización irresponsable, dichas prácticas no representa al derecho indígena ni corresponde a los sistemas y procedimientos normativos de elección autoridades, como lo pueden ser pues, las formas de gobierno representativas de la democracia directa: la asamblea o la participación de los ciudadanos en las acciones de gobierno a través de los comités de obra o de padres de familia, tan característicos en el medio rural e indígena. Hay que distinguir entonces entre el ejercicio del mecanismo de la asamblea con la no participación de las mujeres, por ejemplo.

La presencia del tema usos y costumbres en los medios masivos parece responder al ya famoso juego de la guerra sucia. Es casi siempre de nota roja, raya en el amarillismo, hace generalizaciones arbitrarias e irresponsables. Aunque ahora está en auge campañas sobre linchamientos comunitarios, en el juego mediático también el alcoholismo ha pasado a ser parte de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. De igual forma, el tequio, las cooperaciones, el sistema de cargos que también es obligatorio, y por supuesto, la falta de participación de la mujer, entre muchos otros " usos y costumbres , vienen siendo calificados por propios y extraños como prácticas autoritarias que atentan contra los derechos humanos y las garantías individuales consagradas en la Constitución, es cierto, pero ni todo es negativo, ni tampoco pueden ser abolidos por decreto o por acciones compulsivas del Estado.

Se reconoce que algunos usos y costumbres tengan que ser combatidos por el Estado cuando violen los derechos humanos universales, los derechos y las obligaciones constitucionales. Sin embargo, estos usos y costumbres no son representativos de la parte estructural o el fondo del derecho indígena y sus expresiones de gobierno local. Lo fundamental, el fondo del asunto, es la existencia de un mecanismo de gobierno como lo puede ser la asamblea, no el hecho cada vez más circunstancial de que no participen las mujeres. Es decir, el reconocimiento de los derechos indígenas en el marco y la coexistencia con el derecho positivo, contribuye a depurarlo de su contenido autoritario y de sus inequidades. El reconocimiento fortalece los derechos, pero también los depura.

Ahora bien, estos cambios en las comunidades indígenas no son ni serán independientes del Estado-nación y de la sociedad en general. Nunca lo han sido en su desarrollo histórico, político y cultural, pero tampoco les ha impedido ser diferentes, hablar su lengua materna o tener sus propias formas de gobierno. Tampoco podemos decir que nosotros los mestizos , la sociedad nacional, goza ya de un desarrollo democrático pleno, por el contrario, seguimos más cercanos al Estado autoritario que toleró y ejerció prácticas autoritarias en las comunidades indígenas, y que tampoco le fue posible erradicar, con sus políticas públicas, las condiciones de pobreza y subdesarrollo en dichas comunidades.

Decir entonces que la falta de participación de las mujeres o el ejercicio de la violencia en la resolución de conflictos son formas representativas de los usos y costumbres indígenas, además de ser una generalización falsa e irresponsable, es equiparable a decir, que el secuestro o la delincuencia en las grandes ciudades, son formas representativas de la democracia representativa o de la sociedad occidental.

La democracia directa indígena: una experiencia aleccionadora para la sociedad moderna nacional.

Los valores de la democracia como la tolerancia, el respeto y el pluralismo, entre otros, cobran importancia en la coyuntura política actual. Queda claro que algunas prácticas comunitarias debe el derecho positivo combatirlas, pero lo verdaderamente importante para el derecho positivo y el Estado es que actúen, más allá del reconocimiento legal, en la recuperación y respeto de las prácticas y de los mejor llamados sistemas normativos indígenas. Las formas tradicionales de elección de autoridades, si bien tienen raíces en estadios primitivos de la democracia política, representan a una democracia con otras cualidades o atributos en las formas de representación y elección política. La democracia directa o participativa no es privativa de las comunidades indígenas, de hecho se practica y se reconoce en la sociedad nacional.

La vida de los partidos políticos se sustenta en la participación directa de sus miembros. La democracia directa en las sociedades modernas si bien no está suficientemente soportada en los vecinos ni se organiza en los niveles comunitarios, si existe en los sectores organizados, en los sindicatos, en las organizaciones laborales, en los comités, en las asociaciones, en la llamada sociedad civil. Este tipo de democracia directa sectorial de la sociedad moderna tiene también sus ramificaciones, se cruza y es parte del equilibrio y el juego de la democracia comunitaria en las propias comunidades indígenas.

En el marco de los valores y prácticas de la democracia, la democracia directa o participativa constituye un elemento básico del pluralismo político y la diversidad cultural, el Estado mexicano no sólo debe reconocer los derechos del otro, debe fortalecer y promover el ejercicio de esos derechos, los relacionados con la participación de la sociedad en la política y en el desarrollo nacional.

Las crisis y limitaciones de las formas clásicas de participación en la sociedad moderna, las reconocidas por el derecho positivo, tales como la participación ciudadana, la consulta popular, las elecciones vecinales, la planeación democrática, la contraloría social, la lucha sindical incluso, son expresiones de la crisis de la democracia directa en la sociedad moderna nacional.

Mucho tenemos que aprender, y más bien, recuperar de la democracia directa o participativa para que realmente la población incida y decida en los planes y programas de gobierno; en las acciones para combatir los problemas de inseguridad pública en nuestras grandes ciudades; para resolver múltiples y diversos problemas en la colonia, con los vecinos, en el campo como en la ciudad, en los centros de trabajo o en la disminuida vida sindical.

Se propone, entonces, los elementos de organización políticos, económicos y sociales de la cultura indígena como una fuente o factor de desarrollo. En esta noción, incorporar a los indios al desarrollo no será un acto unilateral, mucho nos beneficia el saber de estos pueblos, su conocimiento empírico y sus experiencias milenarias de desarrollo cultural, practicadas casi siempre en condiciones adversas.

Para reforzar la idea anterior, hay que reconocer la certidumbre y cada vez mayor consenso entre científicos, profesionales, estudiosos y empíricos de diversas disciplinas, antropología, medicina, agronomía, biología, arquitectura, y una gran etcétera, que consideran los conocimientos tradicionales, muchos de ellos basados en experiencias milenarias, como conocimientos alternativos e incluso superiores en la solución de muchas y diversas necesidades esenciales todavía insatisfechas para buena parte de la población.

Hay que enfatizar que buena parte de la experiencia y el conocimiento empírico tiene particular existencia entre los pueblos y las comunidades indígenas. Hay quienes piensan que la crisis de la modernidad será resuelta en buena medida con las herramientas de la tradición, y creo que existen sobradas razones para creer en tamaña conjetura, sobre todo en el contexto de un mundo con severa crisis ecológica, cuyas causas y razones no devienen, justamente, de las sociedades tradicionales. Hay alguien que tiene más qué aprender con el reconocimiento del pluralismo político y la diversidad cultural, y ésta es, sin duda, la sociedad nacional.